México es uno de los grandes proveedores de alimentos en el mundo; abastece 20% del consumo sólo de Estados Unidos, más lo que exporta a otros países. Aguacate, sandía, limón, brócoli, papaya y café son de los principales productos en los que México lidera en exportación.
Para 2017, productores agrícolas e instituciones buscan mejorar el desarrollo tecnológico a través de inversiones del sector privado y público, pero sobre todo incidir con esto en las condiciones laborales de los trabajadores del campo a fin de reducir “migración, pobreza y mejorar las condiciones de los campesinos”, lo cual es un gran reto.
De acuerdo con datos del INEGI, a diciembre de 2015 en México había 5.5 millones de trabajadores del campo, entre agricultores y peones o jornaleros. De este total, 2 millones son jornaleros que laboraran en 18 estados del país y sobre los que recaen las condiciones laborales más precarias.
Se trata de trabajadores que reciben un sueldo que va de los 65 a los 110 pesos diarios por trabajar más de 15 horas al día, según datos de la Encuesta Nacional de Jornaleros.
La precariedad se deriva de la malas condiciones en las que laboran como, entre otras, el que reciban su salario al final del periodo por el que son contratados y que va de 4 a 8 meses, durante el cual tampoco se les proporcionan productos básicos que deben conseguir endeudándose en tiendas de raya.
El 90% de los trabajadores no tiene un contrato formal, sólo de palabra, por lo cual el 80% no cuenta con prestaciones sociales como atención médica en caso de accidente. Según la OIT, estos trabajadores tienen el doble de riesgo de morir en su lugar de trabajo que los trabajadores de los demás sectores.
Otros problemas que persisten son la práctica de contratar núcleos familiares o comunitarios, lo cual implica que alrededor del 40% de los trabajadores del campo son niños; que entre 30 y 40% de estos jornaleros sólo coman dos o menos veces al día; que no tengan acceso a vivienda digna, y que las mujeres jornaleras sean víctimas de humillaciones durante su jornada laboral además de recibir menor salario que sus compañeros varones por el mismo trabajo y sin justificación.
Estas son las condiciones que se buscan cambiar y que los propios trabajadores jornaleros llevan años denunciando, como en el Valle de San Quintín, en Baja California.
A partir de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, los campesinos que emigran al norte en busca de mejores condiciones laborales al otro lado de la frontera están amenazados. Es probable que muchos sean deportados, y que disminuya la migración hacia allá.
Esto representa una oportunidad para revisar las condiciones del campo mexicano y darle el empuje que requiere en tecnología y recurso humano para alcanzar mejores condiciones laborales y de producción en Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, Nayarit, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Michoacán, Estado de México y Chiapas.